Las instituciones de El Salvador discrepan en las cifras de homicidios y cementerios clandestinos

Periodistas de la agencia de noticias Reuters compararon datos de las instituciones encargadas de la seguridad y el manejo de estadísticas en El Salvador. Descubrieron que las cifras no concuerdan y algunos testimonios de la policía contradicen la información oficial.

De acuerdo al reporte, el gobierno de El Salvador no informa debidamente la totalidad de los crímenes cometidos en la nación centroamericana asediada por las pandillas y donde se ha vuelto común el hallazgo de cementerios clandestinos.

Policías, fiscales y expertos forenses consultados por Reuters confirmaron las inconsistencias de las estadísticas. Por ejemplo, el Instituto de Medicina Legal de El Salvador dice que se recuperaron 207 cuerpos de fosas comunes durante los últimos dos años y medio, pero la Fiscalía General de la República solo documentó 158 restos recuperados en más de tres años, una diferencia de 49.

Esto agrega inconformidad entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y los familiares de fallecidos y desaparecidos que buscan más claridad por parte de las entidades oficiales. Desde que asumió el poder el presidente Nayib Bukele, muchos denuncian que hay menos acceso a la información de agencias gubernamentales.

La agencia de noticias, que procesó los datos, pidió información adicional a la Oficina del Fiscal General de la República, sin embargo, les respondieron que la información permanecerá en forma reservada durante dos años. “La divulgación de información trae como consecuencia que organizaciones criminales interfieran en el curso de procedimientos, al ocultar, eliminar, destruir o mover de lugar evidencias relevantes”, justificó el Ministerio Público.

Argumentos cuestionables

La fiscalía también sostiene que no puede dar información porque los delincuentes podrían arremeter contra testigos claves y así evitar la identificación de personas responsables de los crímenes que son investigados en el territorio salvadoreño.

En tanto, la policía se ha vuelto más estricta al compartir información y advierte que cualquier agente que filtre datos relevantes podría ser sancionado o trasladado de su lugar de servicio.