PCR negativo: Chile comenzó a pedirlo a los viajeros provenientes de China

El Ministerio de Salud de Chile tomó la medida de exigir un PCR negativo a los viajeros procedentes de China, país más afectado por el rebrote de coronavirus, a tal punto que comprometió casi al 17% de la población del país asiático.

La alerta sanitaria y sus implicaciones legislativas debían culminar el 31 de diciembre de 2022, sin embargo, en el vecino país se decidió extenderla, el 28 de diciembre, al menos hasta marzo del corriente año. Chile es uno de los países más afectados por la pandemia de coronavirus, con más de 5 millones de contagios y al menos 63 mil muertos desde el inicio de esta catástrofe sanitaria mundial.

De esta manera, Chile se suma a Estados Unidos, Japón, Francia, Italia y España en la iniciativa de exigir este test reactivo al coronavirus. Mientras tanto, el 8 de enero de 2023, el país asiático abrirá sus fronteras y, aunque seguirá pidiendo PCR negativo a los viajeros extranjeros, no se les exigirá realizar cuarentena.

Los países del mundo refuerzan sus medidas anticoronavirus luego de haber podido flexibilizarlas durante varios meses por el cese de contagios producto del confinamiento y la aplicación de vacunas. Sin embargo, el país donde se registraron los primeros contagios del virus respiratorio, liderado por Xi Jinping, lleva a cabo el proceso de flexibilización de medidas recién ahora, luego de tres años, por las masivas manifestaciones de los ciudadanos chinos contra las restricciones mencionadas.

Implicaciones de la alerta sanitaria en Chile

Las medidas que rigen por la alerta sanitaria en el país vecino permiten a las Subsecretarias de Salud Pública y Redes Asistenciales, Seremis, Servicios de Salud, ISP y Cenabast, entre otros organismos, tener facultades extraordinarias y recursos para contratar personal sanitario, adquirir bienes o equipamiento para el manejo de urgencias y contratar estudiantes de sexto año en adelante de la carrera de Medicina.

Por otra parte, los servicios públicos y organismos de Estado, además de otras entidades públicas o privadas, se ven obligados, siempre en el ámbito de sus competencias, a proporcionar colaboración y llevar a cabo las órdenes ejecutadas por los entes mencionados en el párrafo anterior.