AYSA
Tarifas de agua: Aysa propone un aumento del 32% y pide que haya una nueva suba a finales de año
El incremento en el servicio será el primero durante la gestión de Alberto Fernández.
Luego de las audiencias públicas realizadas la semana pasada para definir las nuevas tarifas de gas y luz, este jueves se determinarán los aumentos para las tarifas de agua entre el Gobierno y Aysa.
Aunque el incremento se hará oficial al concluir la jornada, la empresa estatal propuso un aumento, en dos tramos, del 32%; además Aysa solicitó que haya una nueva revisión a finales de año.
Esto, dado que la tarifa de Aysa permanece congelada desde mayo de 2019, con lo que el incremento del 32% sería el primero que se establece durante la gestión del presidente Alberto Fernández.
Según lo formulado por la compañía, el primer incremento se vería reflejado a partir del 1º de julio, cuando la tarifa aumentará un 20%; luego, desde el 1º de octubre el servicio se incrementará otro 10%, con lo que se llegaría al 32% fijado.
No obstante, como se prevé que el acumulado de la inflación llegue hasta alrededor del 60%, la empresa solicitó que se haga una nueva suba a finales de año, a fin de equiparar los aumentos que se establecieron en las tarifas de gas y luz.
Esta medida afectaría a más de 3,2 millones de hogares en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, que, en promedio, por la factura mensual, pagan $312, y con el aumento pasarían a pagar en julio $744 y en octubre $818, más impuestos.
Pese a ello, la tarifa de agua sería una de las más bajas en comparación con otras redes de servicios públicos como gas y electricidad, los cuales este año ya tuvieron un incremento del 20%.
Aysa asegura que con el incremento no se cubren los costos operativos
La compañía aseguró que, pese a que se haga un aumento del 32% en las tarifas de agua, este sería insuficiente, dado que lo recaudado solo cubre el 20% de los costos de operación.
Por ello, además de pedir otra alza para este año, también solicitaron que se evaluara la segmentación de tarifas, con base al nivel de ingresos de los usuarios y la ubicación geográfica de las viviendas.
