Ley de Respuesta Integral al VIH: cuáles son las claves del proyecto que aprobó el Senado

En la noche de este jueves, con 60 votos a favor y 1 en contra, el Senado aprobó la Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, la cual “propone un abordaje integral desde la salud colectiva”, según refiere el documento.

El proyecto, que fue presentado originalmente por la diputada Carolina Gaillard, del Frente de Todos (FdT), busca, entre otras cosas, brindar contención e información sobre el tema, ya que con la Ley de Respuesta Integral al VIH se creará el Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación.

Esto, ya que uno de los propósitos de la Ley de Respuesta Integral al VIH es derribar los prejuicios y las situaciones de discriminación que se generan en torno a las personas que sufren este tipo de enfermedades.

Además, busca “visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas”, según señala el proyecto, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles.

Con la creación de la nueva ley, lo que ha sido catalogado como histórico, a su vez se reemplazará la norma integral de la Ley Nº 23.798, que fue aprobada hace más de 30 años, pues el nuevo proyecto “plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables”.

El documento, además, establece que las pruebas para detectar este tipo de patologías se deben realizar de forma voluntaria, gratuita, universal, privada y con acompañamiento profesional, por lo que a su vez prohíbe la prueba del VIH y otras ITS como parte de los exámenes preocupacionales.

Además, promueve “la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis”, integrada por organismos estatales, organizaciones científicas y la sociedad civil.

El proyecto pone foco en los derechos laborales 

El documento establece, entre otras medidas, proteger los derechos de cada individuo con estas enfermedades para que “no sea condicionado al ingreso de una fuente laboral o a la promoción de puestos de trabajo por la realización de pruebas diagnósticas”.

También “a ser beneficiarios de políticas de acciones afirmativas que fomenten la inclusión laboral, tanto en el ámbito público como en el privado, para la población contemplada en esta ley, garantizando la confidencialidad del diagnóstico”.