CUIDADOS PALIATIVOS
Las claves de la ley de cuidados paliativos que promulgó el Gobierno
La medida busca garantizar el acceso a las prestaciones integrales en el ámbito público y privado.
A través del decreto 417/2022, que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno promulgó la Ley Nacional de Cuidados Paliativos, sancionada el pasado 5 de julio por la Cámara de Diputados.
La medida que decretó el Poder Ejecutivo obliga a las obras sociales y prepagas a garantizar la atención integral de los pacientes de cuidados paliativos que padezcan patologías degenerativas y prevé el acompañamiento de las familias.
Además el proyecto busca tratar el dolor y otros problemas físicos, psicológicos, sociales y espirituales de los pacientes que requieran cuidados paliativos, con el fin de mejorar la calidad de vida de esta población.
La normativa define los cuidados paliativos como "un modelo de atención que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades que amenazan o limitan la vida".
Asimismo involucra “la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana”, por lo que se va a desarrollar una estrategia de atención interdisciplinaria que brinde un tratamiento integral a los pacientes.
Esto incluye la formación y capacitación tanto de grado como de posgrado, la educación continua y la investigación sobre este tipo de cuidados, a fin de que el personal cuente con los conocimientos necesarios para atender a esta población.
Además será necesario “promover el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles, basadas en la evidencia científica y aprobadas en el país”.
Qué establece la ley
La normativa obliga a las obras sociales y a las entidades de medicina prepaga, entre otras, a “brindar cobertura en cuidados paliativos a las personas que lo necesiten en los términos de la presente ley, incluyendo como mínimo las prestaciones que determine la Autoridad de Aplicación”.
Dicho organismo tendrá como propósito garantizar el cumplimiento de lo establecido en la ley, además de diseñar y promover estrategias para su correcta ejecución.
