Coparticipación: el Gobierno amplió la recusación contra los jueces de la Corte Suprema

Este 1° de febrero concluyó la feria judicial y, tras ello, el Gobierno amplió el pedido de recusación contra los jueces de la Corte Suprema por la polémica de los fondos de coparticipación redirigidos a la Ciudad de Buenos Aires a finales del año pasado.

Fue el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, quien, en nombre del Ejecutivo, amplió dicha solicitud. Cabe recordar que en diciembre pasado el Gobierno revocó el fallo de la Corte Suprema y solicitó que los jueces fueran apartados de la causa.

En la presentación que lleva la firma de Zannini, este argumenta que "existe un cuadro de situación de una gravedad inédita; en el que está bajo severas sospechas el ejercicio de sus cometidos por el máximo Tribunal”, lo que refuerza el pedido inicial del Gobierno.

Asimismo sostiene que es necesario "expedirse sobre la recusación al doctor Horacio Rosatti, que puede significar un punto de inflexión en la vida de las instituciones de nuestra República”.

El procurador además hace referencia a la filtración de chats entre Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’ Alessandro. 

De esta manera resalta que “la existencia de ese tipo de vínculos entre un alto funcionario que asiste de manera próxima al presidente del Tribunal (Rosatti) y representantes políticos del Gobierno de CABA —parte demandante en esta causa— resultaba contraria a la prestación de un buen servicio de administración de justicia".

Además subraya: "Resulta claro que se ha configurado un nuevo escenario en cuyo marco están dadas, sobradamente, las condiciones para que el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se aparte de este proceso".

El Gobierno pidió que los jueces presenten excusas

Dentro de su presentación, Zannini realizó un pedido para que los miembros del alto tribunal "se excusen de intervenir de aquí en más en el trámite de estos actuados, por razones de decoro o delicadeza vinculadas al ejercicio de la función jurisdiccional". Adicionalmente, el Ejecutivo plantea que se aplique lo establecido legalmente para casos de recusación de integrantes de la Corte Suprema.

Es decir, que el tribunal sea integrado hasta el número legal para fallar, "mediante sorteo entre los presidentes de las Cámaras nacionales de apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias" y que “si la integración no pudiera concretarse, de tal modo se practicará un sorteo entre una lista de conjueces, hasta completar el número legal para fallar".