Vacunagate: Jair Bolsonaro se refugia en el apoyo de las Fuerzas Armadas y cruza a la oposición

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, atraviesa otro momento de debilidad política en medio de la pandemia del coronavirus: acusan a su Gobierno de pedir sobornos en los contratos para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.

Ante esta situación, ¿cómo respondió el jefe de Estado del país vecino? Fiel a su estilo: “Tengo paz y tranquilidad porque sé que, además del pueblo, tengo a las Fuerzas Armadas comprometidas con nuestra democracia y nuestra libertad”.

Con esta advertencia, por no decir amenaza, hizo una demostración pública de su poder ante el pedido de juicio político por parte de senadores opositores. Además, en conferencia de presan en Ponta Porá, cerca de la frontera con Paraguay, aseguró que “no van a lograr pegarnos”.

Asimismo, calificó como “delincuentes” a los siete integrantes de la comisión especial del Senado que elevó su investigación sobre la compra de vacunas. No obstante, el impacto es innegable y ya hubo repercusiones: dimitió un director del Ministerio de Salud encargado de la logística de las dosis, Roberto Ferreira Días, por orden del presidente brasilero.

Vacunagate: qué pasó

Dos denuncias contra Bolsonaro y su Gobierno fue hechas durante la última semana y es el tema casi exclusivo entre los medios de comunicación locales. La última acusación fue publicada en el diario Folha de San Pablo en la que implicaba un contrato por 400 millones de dosis de AstraZeneca.

Según las palabras del representante de la empresa Davati Medical Spply, Luiz Paulo Dominguetti, funcionarios de la cartera de Salud habrían pedido el pago de un dólar de coima por cada vacuna comprada. La cuenta es sencilla: serían 400 millones de dólares.

A su vez, la otra denuncia por sobreprecios involucra 20 millones de vacunas Covaxin del laboratorio de India. Además, esta negociación fue intermediada por Precisa Medicamentos, una firma vinculada a un grupo parlamentario partidario de Bolsonaro.

Por esta razón, legisladores opositores comenzaron a plantear sus interrogantes que llevaron a pedir el juicio político al máximo mandatario de Brasil. Por ejemplo: ¿por qué hubo intermediarios si los laboratorios negocian con los Estados? ¿Qué papel cumplió? ¿Cómo se justifica el sobreprecio?

Por último, la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, que apoya el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentaron un “superimpeachment” contra el jefe de Estado.

"Nadie aguanta más a este Gobierno de muerte que juega con la salud de los brasileños", enfatizó Hoffmann ante la prensa local tras llamar a la gestión de Bolsonaro como “genocida”.