El Gobierno de Bolivia apuntó contra el secretario de la OEA, Luis Almagro

Durante la reunión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), su secretario general, Luis Almagro, pidió un minuto de silencio por las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata. En ese momento, la respuesta de Bolivia no tardó en llegar.

"Considero una gravísima impostura que una persona que ha defendido los informes que han causado la muerte de bolivianos inocentes, finalmente sea quien haya planteado un minuto de silencio", criticó el embajador de dicho país ante el organismo, Héctor Arce Zaconeta.

De esta manera, Bolivia revela quiénes estuvieron detrás del golpe de Estado que terminó con el Gobierno del expresidente Evo Morales Ayma. En su caso, Almagro fue partícipe necesario para el desconocimiento de los resultados de las elecciones de 2019 en las que finalmente se confirmó que no hubo fraude.

Asimismo, el presidente de la nación vecina, Luis Arce, agregó que “el mejor homenaje, la mejor muestra de respeto que se puede hacer por estas personas, es abrir una investigación totalmente limpia y transparente”. Al respecto, pidieron que entreguen documentos solicitados ante la OEA.

Articulación internacional

Por su parte, el jefe de la cartera de Justicia y Transparencia Institucional de Bolivia, Iván Lima Magne, citado por RT, señaló que Almagro pretende “esquivar” su responsabilidad por “el golpe de Estado” de 2019 y su apoyo a la presidenta de facto, Jeanine Áñez.

Bajo la misma perspectiva, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano, Rogelio Mayta, en una entrevista en radio Télam explicó que hubo una “articulación internacional para provocar la caída de Evo Morales” y “consolidar” a Áñez.

En este sentido, hizo referencia a la actuación de la OEA respecto de los resultados, el envío de armamento por parte del Gobierno del expresidente argentino Mauricio Macri y, también, del ex jefe de Estado de Ecuador, Lenín Moreno.

Finalmente, aseguró que “la Justicia boliviana tiene como posibilidad solicitar extradiciones y tomar interrogatorios” fuera de su territorio “como parte de la operación judicial”. Sin embargo, despegó al Ejecutivo con la decisión que tendrán que tomar “los fiscales que conocen de la investigación y los jueces que ejercen el control jurisdiccional”.