Colombia aprueba la reducción de la jornada laboral sin modificar el salario

La crisis provocada por la pandemia del coronavirus hizo que el desempleo aumente desproporcionadamente y los modelos de trabajo tradicionales queden a destiempo con las demandas sociales. En este sentido, Colombia avanzó con un proyecto para legislar un cambio al respecto.

¿De qué se trata? El presidente de dicho país, Iván Duque, promulgó la ley que establece una reducción en la cantidad de horas que conforman una semana laboral de los y las trabajadoras.

De esta manera, de acuerdo con la información publicada por el medio local El Tiempo, la jornada pasará de 48 a 42 horas y no implicará ningún perjuicio contra las y los empleados.

Es decir, no habrá disminución del salario ni tampoco se puede restringir ningún derecho y garantía laboral con las que ya cuenta cada persona en su respectivo trabajo.

Por otro lado, las 42 horas se distribuirán en base a un común acuerdo entre el empleador y el empleado en cinco o seis días, con la seguridad de, al menos, una jornada de descanso.

Por su parte, como era de esperar, los principales empresarios de Colombia se opusieron a la nueva legislación bajo el argumento de que generaría perjuicios en la generación de puestos de trabajo.

Los casos de Islandia y España

Si bien son proyectos que no tienen mucho que ver, existe una línea de fundamentos que conecta las iniciativas de Islandia y España con la de Colombia. Además, los casos de estos dos países europeos sirven para replicar contra las objeciones de los empresarios.

Al respecto, en Islandia desde 2017 se lleva a cabo un proyecto para poner a prueba la semana laboral de cuatro días y tres de descanso. Luego de cuatro años, los resultados arrojaron que, lejos de empeorar la productividad, la eficacia de sus trabajadores y trabajadoras aumentó.

Asimismo, en España también se impulsa el mismo modelo de cuatro días como un nuevo paradigma: más tiempo de ocio para las personas hace que sean más eficaces y, además, el empleo se distribuye para más ciudadanos y ciudadanas.

Por lo tanto, si bien la ley de Colombia es mucho menos ambiciosa que los casos de Islandia y España, el camino ya está comenzado hacia un cambio en el sistema laboral que no implique precarización, sino que todo lo contrario.