Radiografía de un golpe de Estado: cómo se encuentra Myanmar a un año de la rebelión militar

El pasado 1 de febrero de 2021, un grupo de militares del Ejército de Myanmar se sublevó contra los Poderes del Estado y derrocó a la entonces presidenta de la nación sudasiática, Aung San Suu Kyi, electa con mayoría de votos en unos comicios libres y democráticos desarrollados en noviembre de 2020.

Bajo el alegato de un presunto delito de corrupción, los militares golpistas aprehendieron a la jefa de Gobierno de Myanmar y desconocieron los resultados de las elecciones generales, lo cual desató una ola masiva de protestas en todo el país y un creciente rechazo contra la ahora llamada “Junta Militar”. 

Durante varios meses, cientos de miles de birmanos salieron a las calles del país para exigir la libertad de la dirigente electa y para protestar en contra de la ruptura del orden constitucional del Estado de Myanmar. 

Se llevaron a cabo cientos de protestas diarias, movilizaciones, paros, huelgas de silencio y un sin fin de actividades pacíficas que, hoy por hoy, a dos días de cumplirse el primer aniversario del golpe de Estado en Myanmar, continúan extendiéndose por todo el territorio nacional. 

Represión, persecución y asesinatos: lo que dejó el golpe Estado

Ante la creciente ola de descontento social, la Junta Militar del Gobierno prohibió las movilizaciones en todo el país y ordenó al ejército “reprimir con fuerza” las manifestaciones pacíficas. Medida que derivó en miles de muertos, heridos y detenidos.

Según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP) de Myanmar, desde que las fuerzas de seguridad arrancaron con la represión sistemática de las protestas unas 1.500 personas han perdido la vida en todo el país, incluidos 345 menores de edad. 

Asimismo, unas 11.775 personas resultaron heridas por armas de fuego y más de 60 mil han sido detenidas. Por otra parte, debido a la cruenta persecución política de la Junta Militar y la terrible crisis humanitaria unas 435.700 se vieron obligadas a abandonar el país para salvar sus vidas. 

Ante todo esto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó a la comunidad internacional a “intensificar las medidas de presión” contra la Junta birmana para “obligarlos a frenar la violencia” y a convocar unas nuevas elecciones.