NICARAGUA
Se recrudece la persecución política en Nicaragua: expulsan otras 100 organizaciones civiles
Con esta disposición, ya son más de 2.600 las organizaciones sin fines de lucro que el régimen de Daniel Ortega ha cerrado en lo que va del año.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha vuelto a arremeter contra las organizaciones sin fines de lucro que operan en el país al ordenar este fin de semana la expulsión de otras 100 ONG civiles, en su mayoría de carácter religioso y evangelista.
La noticia de la cancelación fue confirmada la tarde del viernes por el Poder Legislativo de Nicaragua que, mediante una resolución oficial, precisó los nombres de las 100 agrupaciones civiles que ya no podrán operar legalmente en el país centroamericano.
Según la reseña del diario La Prensa, que cita parte de la disposición oficial, solo dos de las agrupaciones que fueron expulsadas de Nicaragua son extranjeras: la Asociación Filial Roblealto, de Costa Rica, y el Ministerio Misionero de los Setenta, de Estados Unidos.
En tanto que las 98 asociaciones restantes son de origen nicaragüense y tienen carácter religioso o social. Entre ellas destacan: la Asociación de Niños Abandonados de Nicaragua, la Asociación de Teólogos Cristianos, la Asociación Iglesia Misionera Belén y la Fundación Granadina de Músicos, Cantantes, Compositores y Arreglistas, cuya fundación data de hace más de 50 años.
Con esta última resolución, el régimen de Nicaragua ha disuelto en lo que va de año más de 2.600 agrupaciones sin fines de lucro, de las más de 6.000 que hasta 2018 operaban de forma legal en el territorio nicaragüense, según consignó el citado medio.
Por qué Nicaragua expulsa ONG
La cancelación de estas agrupaciones civiles está relacionada con unas revueltas antigubernamentales registradas en el año 2018, cuando miles de personas salieron a las calles del país para exigir la dimisión del presidente Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, que además de ser la primera dama de la nación funge como vicepresidenta de la República.
De acuerdo con el Ejecutivo nicaragüense, estas agrupaciones civiles habrían “promovido y financiado” de forma ilegal las protestas sociales del año 2018, con el fin de derrocar al gobierno sandinista.
En julio pasado, el parlamentario Filiberto Rodríguez, promotor de la iniciativa, aseguró que “el Gobierno posee las pruebas para demostrar dicha financiación ilícita”. Además, afirmó que todas las agrupaciones expulsadas “han incumplido con sus obligaciones civiles” al transgredir la Ley Federal contra el Lavado de Activos.
