CUBA
Cuba reforma el Código Penal para evitar las manifestaciones contra el régimen
El Gobierno castigará delitos en Internet y el financiamiento externo de algunas actividades.
El Partido Comunista de Cuba busca aprobar en una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular un nuevo código penal. La reforma fue impulsada por el presidente Miguel Díaz Canel, que espera contar con el respaldo de Raúl Castro para endurecer los castigos contra los opositores del régimen.
Cuba reformará el documento que data de la administración de Fidel Castro y utilizará todas las herramientas a su alcance para evitar una nueva rebelión popular en la isla. Después de varios años sin manifestaciones contra las autoridades, el 11 de julio del año pasado cientos de personas salieron a las calles para exigir mejores condiciones de vida.
La revolución lleva más de seis décadas en el poder, y es uno de los pocos países que mantienen vigente la pena de muerte, el fusilamiento para los casos más graves, como la toma de rehenes. Cuba también contempla la cadena perpetua para este tipo de acciones.
La administración de Díaz Canel quiere generar miedo entre los opositores y periodistas independientes con la tipificación de al menos 37 nuevos delitos relacionados con el uso del Internet, algo fundamental durante la rebelión de los últimos meses.
El nuevo código asegura proteger el sistema político y estatal socialista de las acciones y actividades que afecten el orden constitucional y busquen generar un clima de inestabilidad de social e ingobernabilidad en la nación caribeña.
La amenaza del Internet
En 2018, la llegada del Internet para la mayoría de cubanos se convirtió en una amenaza para los líderes del Gobierno, que ahora intentan limitar aún más su acceso por considerar que afecta directamente la hegemonía de comunicación que mantenían las autoridades.
Con el delito de “desórdenes públicos” se pretende castigar lo que consideren alteraciones al orden en grupos o de manera individual. Además, establece que quienes insulten a funcionarios públicos podrían sufrir penas de hasta tres años de prisión.
